La Junta de Andalucía perfila ayudas para los menores de 35 años en la compra de su primera vivienda

La crisis del Covid ha demostrado que el negocio inmobiliario es ahora uno de los más solventes de la economía andaluza. Las ventas de viviendas se mantuvieron estables con 85.000 unidades en el año de la pandemia (frente a las 100.000 de 2019) y en 2021 está recuperando el terreno perdido de los meses del confinamiento. Otro termómetro de la buena salud del sector son los visados de obra nueva, que han aumentado en los dos primeros meses del año en la región hasta sumar 1.095 (un 6,5% más con respecto al mismo periodo de 2020).

La situación financiera de las empresas está muy saneada y la oferta está muy ajustada a la demanda. Sin embargo, aún queda por solventar

 una de las herencias de la pasada crisis del ladrillo: los jóvenes entre 25 y 35 años aún no pueden acceder a la primera vivienda. «El 85% de este segmento de población todavía vive en el hogar de sus padres, se está creando un problema que tiene además una incidencia muy negativa en la pirámide poblacional», remarcó José Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de España, en la última sesión del foro Gaesco. Frente a ello, tanto la administración autonómica como los representantes del sector están analizando cómo perfilar ayudas para los jóvenes compradores, con el objetivo de que estén ya recogidas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2022 (que están ahora en el inicio del proceso de elaboración). Sobre la mesa hay diferentes opciones, como avales, seguros o ayudas directas.

Falta de ahorro

¿Cuál es la clave de esta medida? En este momento uno de los principales problemas para este tipo de compradores es cómo afrontar el pago inicial de la entrada y el IVA (casi un 30% del coste total), que actualmente no financian las entidades financieras (se requiere un ahorro cercano a los 50.000 euros para una vivienda de 160.000 euros). «Esta cifra es una barrera insalvable para aquellas familias que pueden afrontar el pago mensual de una hipoteca pero no tienen ese ahorro para firmar la adquisición de su casa», según Gómez Pintado. Y todo ello en un contexto en el que ha desaparecido la Vivienda de Protección Oficial, para la que antes de la crisis había ayudas públicas y deducciones fiscales. La Junta de Andalucía ya ha creado una mesa en la que están las consejerías de Fomento y Hacienda, junto a asociaciones de promotores y entidades financieras, que están analizando diversas fórmulas, como avalar o asegurar el importe de la entrada para este segmento de la población joven. Esto se realiza en un contexto en el que los tipos de interés permanecen en mínimos históricos, y en los que una cuota hipotecaria a treinta años y tipo fijo es inferior a la renta mensual de un alquiler.

Andalucía sería así la tercera comunidad que adopta una medida de estas características. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que destinaría más de doce millones de euros para avalar 5.000 hipotecas de madrileños de hasta 35 años que compren su primera vivienda y presenten solvencia económica pero carezcan de los ahorros previos suficientes para acceder a un crédito. El paso más ambicioso lo ha dado la Región de Murcia, que ha puesto en marcha la Línea ICREF Aval Joven para financiar la adquisición de inmuebles cuyo coste máximo puede ascender a 175.000 euros.

En ninguno de estos dos casos ha sido fácil articular la manera de avalar o asegurar parte de la compra de una vivienda, pero en la Junta de Andalucía sostienen que «hay una clara voluntad de sacar una medida de estas características, estudiando muy bien los precedentes que ya existen en Madrid y Murcia, y tratando de que funcione de forma ágil y con solidez jurídica, para que realmente sea efectiva», según apuntó Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda en la Consejería de Fomento.

Junto al aval y el seguro también se está barajando que exista una ayuda directa, aunque «las dos primeras opciones son las que garantizan la máxima optimización de los recursos públicos». Se trata de una decisión que «ya viene apuntada en el Plan de Vivienda que la Junta aprobó hace un año» y el objetivo es que pueda quedar reflejada en las cuentas del próximo año.